Gobiernos ‘Frankenstein’ o cómo romper la democracia con el poder de las urnas:

Análisis feminista del 23J, (II parte) Por Sandra Moreno

COMENTARIO PREVIO DE OSVALDO BUSCAYA 

En la primera parte de este artículo decíamos que, vista la fragmentación al interior del Parlamento que apreciamos en los resultados electorales, en la que ningún partido con opción de poder ha logrado la mayoría suficiente para gobernar en solitario, o en coalición con fuerzas afines, sólo nos quedan dos opciones: o formar otra vez un ‘gobierno Frankenstein’ como el que ha gobernado esta legislatura; o, convocar a nuevas elecciones.

Cuando hablamos de un ‘gobierno  Frankenstein’ no nos estamos refiriendo a una coalición de gobierno entre fuerzas políticas afines, producto del pluralismo político que precisamente deberían encarnar los partidos políticos en España, según establece la CE. Sino más bien, como señalaba Rubalcaba y reiteramos, al integrado o apoyado por fuerzas de distinta ideología, intereses y objetivos    –que en muchos casos son contrapuestos– que se unen para formar un gobierno con el fin de sacar el mayor rédito político a su alianza, a expensas de la calidad democrática de las instituciones, comprometiendo, y hasta socavando, las bases en las que se asienta el Estado democrático de Derecho reconocido en la CE. Por ello, es de rechazarse la postura del relativismo moral de quienes lo defienden acríticamente, bien por considerarlo un supuesto ‘mal menor’, o bien por aceptar la inevitabilidad de la mediocridad de nuestra clase dirigente; y desde luego, de quienes aprecian bondades en Frankenstein, como también se ha defendido recientemente.

Como dijimos, dado que se trata de alianzas trabadas con fines oportunistas y orientadas a satisfacer intereses particulares, algunas veces ajenas al objetivo intrínseco de la política, que es procurar el bien común de toda la sociedad, el resultado de las mismas constituye un grave riesgo para la democracia, porque los ‘gobiernos  Frankenstein’, producen leyes  Frankenstein y configuran Estados Frankenstein, que arriesgan los avances políticos y sociales logrados. De ahí que en un inicio, Sánchez dijera que ni él ni “el 95% de los ciudadanos de este país”  “dormiría tranquilo por las noches” si Pablo Iglesias y el círculo más próximo de Podemos se sentara en el Consejo de Ministros. Esto es lo que ha sucedido con la que ha sido la primera coalición de gobierno.

En un país donde tradicionalmente se legisla más en serie que en serio, donde los grupos de presión han tenido un peso muy importante en la construcción de la España posfranquista, y donde el modelo de democracia se  funda en una proporción importante en la seudocultura de la hiperburocracia y del clientelismo que caracterizan a los partidos de la antigua y de la nueva casta política, a efectos de comprobar las razones por las que deberíamos temer a los ‘gobiernos Frankenstein’, basta con examinar la producción legislativa de la que se ufana la coalición que ha gobernado en esta legislatura.

Si echamos un vistazo a los más de ciento veintisiete textos legales aprobados por iniciativa de la coalición del Gobierno PSOE-UP, podemos comprobar que la aprobación de muchos de éstos ha supuesto la ‘frankensteinización’ del ordenamiento jurídico, que se expresa tanto de forma cualitativa como cuantitativa. En lo que al aspecto cuantitativo se refiere, baste con mencionar que se llegó a aprobar un total de 115 decretos-leyes, superando los récords que han ido batiendo  todos los gobiernos anteriores para legislar al margen de los trámites parlamentarios que resultan exigibles en democracia. Y, en lo que respecta al cualitativo es de señalar que buena parte de este arsenal legislativo consiste en la modificación transversal, desordenada e interesada del orden jurídico que, en algunos casos, llega a ser sustancial; y no son pocas las leyes que están viciadas de inconstitucionalidad e ilegalidad, haciendo imperioso su expulsión del ordenamiento jurídico. La ‘frankensteinización’  del orden legal sigue siendo cierta, aun cuando haya que reconocer que algunas de las leyes de origen gubernamental resultan progresistas y beneficiosas para la sociedad.

¿Cómo ha afectado al  feminismo y a los derechos de las mujeres la ‘frankensteinización’ del ordenamiento jurídico?

Centrándonos en la cuestión nuclear de nuestro interés, podemos concluir, sin duda alguna, que el ‘gobierno  Frankenstein’ del PSOE-UP ha sido el gobierno más antifeminista de toda la democracia, pues no sólo no acató el deber legal de cumplir y hacer cumplir la normativa y los compromisos internacionales, europeos y nacionales referidos a los derechos de las mujeres y niñas; sino que han adoptado las leyes y medidas más perjudiciales aprobadas en democracia, a sabiendas del grave daño que ocasionarían, pervirtiendo el contenido, sentido y alcance de muchas normas, reglas e instituciones, y desactivando algunas de las medidas de protección legal que se han ido aprobando, al introducir modificaciones que las desnaturalizan.

La falta de acatamiento del deber de cumplir y hacer cumplir la normativa referida a los derechos de las mujeres lo podemos comprobar tanto cuando el Gobierno ha infringido la normativa, bien sea de forma abierta o implícita; como cuando no las hecho valer, bien porque ha favorecido su violación, o porque ha acentuado su estancamiento o porque las ha vaciado. Y, lo que es más grave de todo, ha sido el único Gobierno que se ha atrevido a poner en vigor leyes que criminalizan el feminismo y ponen en riesgo a las feministas, con el ánimo de neutralizar a las mujeres que defienden los derechos de las mujeres, y desmovilizar a nuestro movimiento reivindicativo.

Las manifestaciones de la frankensteinización’ del corpus jurídico feminista español la podemos ver en diversas leyes que han reformado o que han desactivado las medidas tendentes a proteger y garantizar los derechos de las mujeres, comprometiendo los avances previstos en la ley de Igualdad y la de Violencia de Género. Las más significativas han sido las más controvertidas que ha expedido el Parlamento a iniciativa del ‘gobierno Frankenstein’, porque han causado estragos y sus efectos están llamados a producir un deterioro significativo de los derechos de las mujeres basados en el sexo. Estos disparates normativos son las llamadas ‘ley trans’ y la ‘ley del sólo sí es sí’.

1) Ley del “sólo sí es sí” (LO 10/2022, de garantía integral de la libertad sexual), deformó al Derecho Penal, descartando la importancia de la graduación de las conductas punibles y de las penas en el mismo texto legal, al eliminarse la distinción entre agresión y abuso sexual que existía antes, según concurriera o no la violencia o la intimidación. Al haberse unificado bajo un único tipo lo que antes eran dos diferentes, sin establecer un criterio de distinción, y al haberse incluido nuevos delitos que antes no estaban tipificados, se amplió la horquilla de las penas, reduciendo las penas mínimas y elevando las máximas en los supuestos más graves.

Este dislate normativo, producto de la improvisación, la irresponsabilidad política y hasta de contumacia por parte del Gobierno –pues estaba debida y previamente advertido de los resultados adversos que tendría su ley– dio lugar a que, en aplicación del principio de favorabilidad en materia penal, se revisara a la baja las sentencias por violencia sexual, propiciando que se desencadenara la rebaja de penas a condenados por delitos sexuales y la excarcelación anticipada de algunos presos. En julio de 2023, el CGPJ cifraba en 1.155 las condenas rebajadas, y en 117 los casos de excarcelación por aplicación de esta ley.

La ‘ley Frankenstein’ del sólo sí es sí resultó tan catastrófica que desencadenó  una relativa alarma social por la cantidad de violadores a los que se rebajó la pena o directamente se excarceló, y decimos relativa porque la gravedad de esta situación ameritaba una reacción social más contundente. Este despropósito provocó la reacción de organismos internacionales preocupados por el deterioro de la protección de las mujeres, entre ellos, el Parlamento Europeo y la Relatoría Especial sobre la violencia contra las mujeres y las niñas, para quienes resultaba inexplicable que el gobierno hubiera impulsado y el Parlamento hubiera aprobado leyes que desprotegían a las mujeres contra la violencia sexual, favoreciendo la impunidad de los violadores y la revictimización; máxime cuando Gobierno y Parlamento lograron la aprobación de la ley contrariando el Informe desfavorable del Consejo General del Poder Judicial y del criterio de especialistas en la materia penal y feminismo. La aberración que propiciaba esta ‘ley Frankenstein’ forzó otro remiendo al Código Penal, esta vez en alianza del PSOE con el PP, que dio lugar a un nuevo texto legal, sobre el que también se aplicará el principio de favorabilidad respecto de los casos decididos con base en la misma.

2) La ley “trans” (L. 4/2023, “para la igualdad real y efectiva de las personas trans y para la garantía de los derechos de las personas LGTBI”) es la ‘ley Frankenstein’ por excelencia, pues ha supuesto una modificación sustancial, transversal y profunda del Derecho español, que viola la Constitución y diversas leyes, algunas con el rango de orgánicas, como las leyes de Igualdad, de  Violencia de Género, de Protección Jurídica del Menor y de Protección de la Seguridad Ciudadana. Además, se trata de una ley que modifica de forma colateral y, a veces profunda, normas, principios e instituciones del Derecho Constitucional, Civil, Procesal, Penal, Administrativo, sin que se haya cumplido el deber legal de estudiar el impacto que la misma habría de tener sobre el ordenamiento jurídico, y contraviniendo los informes desfavorables que sobre las cuestiones más significativas de la ley trans plantearon tanto el Consejo de Estado como el CGPJ, en sus dictámenes e informes. Y, desde luego, no se tuvo en cuenta las múltiples objeciones fundadas presentadas por el movimiento feminista español y especialistas en diversas disciplinas que advirtieron de los graves e inminentes perjuicios que ocasionaría la ley trans.

Entre los aspectos más destacables por su gravedad, la ley trans viola la seguridad jurídica que debe salvaguardar las leyes por múltiples razones ya que, al no exigirse ningún requisito para ejercer el derecho a la autodeterminación del sexo a voluntad, que comporta el cambio de sexo registral, no existe certeza sobre ninguna de las cuestiones sobre las que versa, especialmente sobre el sexo sentido de las personas que van a invocarla y a hacer uso de los derechos y privilegios reconocidos en la misma.

Por diversos motivos, viola los derechos de las mujeres basados en el sexo, ya que convierte la realidad biológica de ser mujer en un derecho susceptible de ser ejercido por cualquier hombre mayor de catorce años que invoque tener una identidad femenina, vaciando las garantías específicas reconocidas por las leyes a las mujeres, y permitiendo la usurpación de derechos y espacios físicos e intangibles de las mujeres, que dejan de estar segregados por sexo por razones de salud, seguridad, intimidad, equidad o motivos de orden público o interés social, como ocurre con las estadísticas con datos desagregados por sexo, porque dejarán de ser fiables.

Por todas estas razones, la revalidación del ‘gobierno Frankenstein’ de la coalición PSOE-UP, que ha producido leyes Frankenstein, nos llevaría a la consolidación de un Estado Frankenstein, que arriesgaría todos los avances políticos y sociales logrados en cuarenta y cinco años de democracia y lucha feminista. El actual panorama electoral que parece llevarnos a una eventual ‘frankensteinización’ del Estado, nos pone toda la sociedad en situación de grave riesgo democrático, especialmente a las mujeres, porque la misoginia de la derecha y sus ultras que niegan la violencia machista, y la misoginia de la otrora izquierda, que borra a las mujeres, son las dos caras de la misma moneda del totalitarismo patriarcal que amenaza a la misma democracia, de la que el feminismo es el principal garante, pues, como dice Amelia Valcárcel: «el feminismo es el guardián de la democracia«.

Sandra Moreno

Jurista, doctora en Derecho Vicepresidenta de Feministas Radicales